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Los derechos de los cristianos dentro de la Iglesia no son coincidentes con los derechos humanos universales. Es más, resulta contradictorio que la Iglesia se comprometa con su palabra y su presencia en organismos sociales e institucionales a garantizar la salvaguarda de los derechos del hombre y, por el contrario, desprecie todavía los derechos de sus hijos que viven y trabajan en la Iglesia y para la Iglesia.

A primera vista, da la impresión de que el nuevo Código de Derecho Canónico incorpora el avance de ciertas libertades modernas. Pero, tras su formulación, concluye con expresiones parecidas a esta: “salvaguardando la debida sumisión al magisterio de la Iglesia”.

Esto ocurre cuando se habla de la libertad de los teólogos para la investigación; o de las facultades concedidas a los laicos, pero que automáticamente quedan recortadas por la declarada monopolización exclusiva de los clérigos; o la ausencia de instancias eclesiales que garanticen el derecho a un juicio justo en caso de litigio.

Sobre este último punto, me detengo a subrayar la manera en la que son instruidas las causas abiertas por la Congregación para la Doctrina de la Fe en contra de ciertos teólogos, cuando son requeridos para un “examen de sus doctrinas”. Durante todo el procedimiento disciplinar, el acusado no tiene derecho a apelar, ni a defenderse. La acusación es en firme y sólo cabe que se retracte y si no lo hace se le impone el silencio, tanto para ejercer su derecho a la libertad de cátedra, o para publicar sus investigaciones.

Un derecho inalienable en toda sociedad moderna, libre y democrática es la de la elección de sus gobernantes. En la Iglesia, este derecho, como es la elección de obispos, queda reemplazado por la imposición unilateral del Nuncio Apostólico. Entiendo bien que libertad cristiana y comunión eclesial deban ir unidas, pero esto no tiene nada que ver con los métodos empleados en la Iglesia para el nombramiento de obispos, que no considera en ningún modo la participación y opinión de la comunidad diocesana.

La lista podríamos seguir alargándola fijándonos en los derechos de los varones frente al de las mujeres. Aunque en este campo las diferencias se han ido limando con el tiempo, todavía quedan parcelas estrictamente masculinas en las que las mujeres no pueden ni asomar las narices.

Otra de las muchas tareas pendientes es la del acceso al sacerdocio de los varones homosexuales, sobre los que últimamente se ha declarado el veto explícito. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino?

Del mismo modo, sigue vigente la prohibición expresa de que ningún miembro del clero pueda acceder a un cargo político, como si la inserción de la Iglesia en el mundo civil supusiera una amenaza para la sociedad o la misma Iglesia.

En definitiva, la Iglesia es inconsecuente a la hora de defender los derechos humanos universales y al mismo tiempo restringir los derechos de los cristianos hasta límites insostenibles.

Todo el problema dimana del ejercicio monárquico con el que la Iglesia sigue ejerciendo el poder, -poder que, por cierto, desde el Evangelio se debería comprender como un servicio-.

El poder monárquico de la Iglesia no admite organismos de control, se ejerce de manera indivisa, sin opinión pública, y sin posibilidad de contenciosos administrativos. Sobre los juicios de la Iglesia ya hemos hablado y ha quedado clara la indefensión de cualquier acusado, por la violación de la forma en cada una de sus diferentes fases.

Hasta este momento, no existe un documento oficial de las autoridades eclesiásticas aceptando públicamente el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecida por Naciones Unidas en 1948, y comprometiéndose a ponerla en práctica. En cierta medida comprendo su negativa, porque eso la llevaría a aceptar: la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión y de enseñanza sin limitaciones, la garantía de juicios equitativos, la participación de sus miembros en la elección de los responsables que deben ejercer el poder, la posibilidad de disentir sin la amenaza de la exclusión, y otros tantos derechos más.

A menudo tengo la impresión, -que es más una convicción-, de que poder y sexualidad en la Iglesia van de la mano. Resulta chocante que las cuestiones más espinosas sobre las que el Pueblo de Dios pide una mayor apertura de la Iglesia se concentren en estos tres puntos: el celibato de los curas, los métodos anticonceptivos no naturales, la ordenación de la mujer, y la plena aceptación de las relaciones homosexuales. En definitiva, se trata de la forma subrepticia que tiene la Iglesia de controlar al conjunto de sus miembros, -formen parte o no de la jerarquía católica-, y esto nada tiene que ver con los Derechos Humanos, por eso este tema, incluso hoy en día, sigue siendo intocable.

Fausto Antonio Ramírez

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